El objetivo fue analizar el impacto de la Ley 31464 respecto de los juicios de alimentos en Perú a partir del equilibrio entre la celeridad procesal y las garantías fundamentales del debido proceso. El estudio adopta un enfoque cualitativo y metodología de análisis documental jurídico y jurisprudencial. Los hallazgos principales revelan una tensión significativa entre la protección del interés superior del niño y las garantías del debido proceso. La ley, al otorgar nuevas facultades a los jueces y promover la virtualización de los procesos, busca agilizar los juicios de alimentos, pero plantea desafíos para la imparcialidad judicial y el derecho a la defensa del demandado. Además, la virtualización, si bien ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia, también puede exacerbar las desigualdades en el acceso a la justicia debido a las brechas tecnológicas existentes. Como conclusión se sugiere innovación e implementación de la Ley 31464 peruana buscando equiparar criterios interpretativos desde la celeridad procesal, las garantías fundamentales, el interés superior del niño y el debido proceso.

Palabras clave: Juicios de alimentos, Virtualización judicial, Debido proceso, Interés Superior del niño.

Abstract

The objective was to analyze the impact of Law 31464 regarding food trials in Peru based on the balance between procedural speed and the fundamental guarantees of due process. The study adopts a qualitative approach and methodology of legal and jurisprudential documentary analysis. The main findings reveal a significant tension between the protection of the best interests of the child and the guarantees of due process. The law, by granting new powers to judges and promoting the virtualization of processes, seeks to expedite food trials, but poses challenges for judicial impartiality and the defendant's right to defense. Furthermore, virtualization, while offering opportunities to improve efficiency, can also exacerbate inequalities in access to justice due to existing technological gaps. In conclusion, innovation and implementation of Peruvian Law 31464 is suggested, seeking to equate interpretative criteria from procedural speed, fundamental guarantees, the best interests of the child and due process.

Keywords: Food trials, Judicial virtualization, Due process, Best interests of the child.

Resumo

O objetivo foi analisar o impacto da Lei 31.464 em relação aos julgamentos de alimentos no Peru com base no equilíbrio entre a celeridade processual e as garantias fundamentais do devido processo. O estudo adota abordagem qualitativa e metodologia de análise documental jurídica e jurisprudencial. As principais conclusões revelam uma tensão significativa entre a proteção dos melhores interesses da criança e as garantias do devido processo. A lei, ao conceder novos poderes aos juízes e ao promover a virtualização dos processos, procura agilizar os julgamentos de alimentos, mas coloca desafios à imparcialidade judicial e ao direito de defesa do arguido. Além disso, a virtualização, embora ofereça oportunidades para melhorar a eficiência, também pode exacerbar as desigualdades no acesso à justiça devido às lacunas tecnológicas existentes. Concluindo, sugere-se inovação e implementação da Lei Peruana 31.464, buscando equacionar critérios interpretativos desde a celeridade processual, garantias fundamentais, o melhor interesse da criança e o devido processo legal.

Palavras-chave: Julgamentos alimentares, Virtualização judicial, Devido processo legal, Melhor interesse da criança.

INTRODUCCIÓN

Para asegurar el sustento y bienestar del niño y otros dependientes, el proceso de alimentos cumple un rol importante en la protección del menor (Toralva et al. 2023), sin embargo, en la práctica, este proceso enfrenta desafíos significativos que pueden comprometer su eficacia y equidad; esto es debido a que se observa una tendencia hacia la búsqueda de mecanismos más ágiles y eficientes para resolver las disputas alimentarias.

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El problema de investigación se centra en cómo impacta la Ley 31464 en el equilibrio procesal de los juicios de alimentos. El estudio realizado se justificó teóricamente debido a que se contribuye al conocimiento existente y que desde un abordaje metodológico combina el análisis documental jurídico con una perspectiva crítica y contextual.

En el plano general, el interés superior del menor se ha consolidado como un eje rector, de ahí que, de acuerdo con Macedo (2021) este principio ha sido ampliamente desarrollado por instancias internacionales estableciendo un estándar que debe guiar las decisiones jurisdiccionales, no obstante, la implementación práctica de este principio a menudo enfrenta obstáculos.

En el contexto europeo, se han realizado esfuerzos para armonizar las regulaciones sobre alimentos y garantizar su cumplimiento transfronterizo, según Castellanos (2021) analiza la competencia para conocer demandas de oposición a la ejecución de resoluciones extranjeras sobre alimentos, destacando la complejidad que supone la aplicación de normativas supranacionales en esta materia. Esto refleja la necesidad de sistemas judiciales flexibles al respecto.

Otro aspecto importante es el relacionado al equilibro existente entre la celeridad procesal y las garantías del debido proceso, de acuerdo con Martínez (2022) quien considera que la virtualización de los procesos judiciales hace posible la celeridad de los mismos, pero también genera retos en cuanto a la preservación de principios fundamentales como la inmediación y la contradicción, por ende, la digitalización, acelerada por la pandemia de COVID-19, ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar las garantías procesales tradicionales al nuevo entorno tecnológico.

Otro problema fundamental versa en la imparcialidad judicial, como sostiene Quintana (2022), la función tuitiva del juez puede entrar en tensión con el principio de imparcialidad, especialmente cuando se requiere una intervención activa de protección del menor, siendo hoy un dilema que se agudiza, generándose un desequilibrio evidente entre las partes.

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En América Latina, Vargas y Pérez (2021) sostienen que este fenómeno se agudiza debido a factores socioeconómicos, culturales y estructurales propios de la región y refieren que el incumplimiento del deber alimenticio se debe a patrones comunes a la cultura de la región, siendo un problema que no solo afecta al bienestar de los alimentistas, sino que también sobrecarga los sistemas judiciales con procesos de ejecución y modificación de sentencias. En las investigaciones de Trujillo y Araya (2023) se sostiene que existe dificultad para para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en la región y este accionar constituye como una forma de violencia económica en Chile, revelando las dimensiones de género que subyacen a esta problemática, este enfoque es relevante debido a que manifiesta las desigualdades estructurales que afectan principalmente a las madres como demandantes.

Figueroa-Robles et al. (2024) y Torres (2022) exponen que la implementación de herramientas tecnológicas como el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) para agilizar la recaudación de pensiones apertura un nuevo problema de desequilibrio procesal, debido a que la brecha existente de la digitalizad y las limitaciones en la infraestructura tecnológica en distintas partes de la región, ocasionándose la obstaculización de la efectividad de estas soluciones; entonces, esta tensión existente entre la celeridad procesal y las garantías del debido proceso, también es un problema que enfrenta nuestra comunidad, es por ello que, Juma y Fajardo (2024) cuestionan si la celeridad procesal puede vulnerar los principios fundamentales del proceso, con énfasis a la parte demandada, siendo este un problema genérico en los países latinoamericanos, donde las reformas procesales orientadas a la rapidez vulneran otras garantías.

Por otro lado, la informalidad laboral es un problema que abraza a las economías de los países latinoamericanas, siendo un obstáculo significativo para la determinación y ejecución de las pensiones alimenticias, por ello, Maldonado et al. (2021) refieren que esta inestabilidad que sufren los demandados impacta en cubrir costos alimentarios; debido a esto, Álvarez et al. (2020) indican que la criminalización del incumplimiento puede tener consecuencias contraproducentes, tanto para el alimentante como para el alimentista; por ende, es necesario tener en cuenta lo referido por Sotelo (2021) respecto del factor económico que debe primar en los procesos de alimentos en pro del desarrollo y bienestar del menor, dado que el infante o adolescente debe desarrollarse en un entorno paternal que le genere seguridad y afecto hacía la familia.

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En Perú, la Ley 31464 ha introducido cambios significativos en el proceso de alimentos, buscando hacerlo más célere y eficaz, sin embargo, estas modificaciones han generado un impacto negativo relacionado al equilibrio procesal (Baldino y Romero, 2020), además de interrogantes sobre la imparcialidad judicial (Santos y Oliveira, 2024), siendo necesario advertir el rol activo del juez de familia bajo el irrestricto principio de imparcialidad como lo sostiene Fuentes (2016) cuando advierte de los dilemas que enfrentan los jueces de familia al tratar de conciliar su función tuitiva con la necesidad de mantener la imparcialidad, esta situación se ve exacerbada con la Ley 31464 que amplía las facultades del juez para recabar información sobre la capacidad económica del demandado; adicionalmente, a la virtualización de los procesos judiciales que genera otros desafíos como bien lo señalan Gaspar y Fernández (2021) con relación a las brechas tecnológicas y como estas pueden influir de forma significativa en el desarrollo procesal de la parte más vulnerable (Torrejón-Durand, 2022).

Con relación a los vacíos en la literatura Barrios-Miranda et al, (2018). consideran que: (a) Existe una falta de estudios que analicen el impacto de la Ley 31464 sobre las garantías procesales; (b) existe escasez de investigaciones que examinen cómo la virtualización impulsada por la Ley 31464 afecta el acceso a la justicia en el contexto específico de los juicios de alimentos; y, (c) La falta de literatura afectan la imparcialidad judicial (Terán-Ortega, 2021).

Por lo antes expuesto, el objetivo fue analizar el impacto de la Ley 31464 respecto de los juicios de alimentos en Perú a partir del equilibrio entre la celeridad procesal y las garantías fundamentales del debido proceso.

MÉTODO

El estudio adoptó un enfoque cualitativo, idóneo para explorar y analizar fenómenos complejos como el impacto de la Ley 31464 en el equilibrio procesal de los juicios de alimentos, de acuerdo con Creswell y Poth (2018) quienes argumentan que, la investigación cualitativa permite una exploración profunda de problemas sociales o humanos, facilitando la construcción de un panorama complejo y holístico.

El método fue híbrido y de análisis documental complementado con un análisis jurisprudencial (Parise, 2017). Se implementó un diseño de investigación hermenéutico-jurídico, siguiendo a Agudelo-Giraldo et al. (2018), quien sostiene que, este enfoque permite una interpretación sistemática de las normas jurídicas y su aplicación en contextos sociales específicos (Sanchez-Chavez, 2020).

RESULTADOS

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Macedo (2021) señala que el interés superior es un principio rector en la jurisprudencia internacional, por su parte, Herencia (2021) lo describe como una concreción jurídica; asimismo, Merchán et al. (2020) argumentan que este principio debe tener parámetros mínimos para su aplicación efectiva, por último, Mendoza (2022) lo considera un derecho humano esencial. Por su parte, Jin (2023) aporta una perspectiva comparativa, analizando cómo se interpreta este principio en diferentes sistemas jurídicos (Tamayo-Moreno y Miranda-Clavache, 2024). Aun cuando se da una diversidad de enfoques resulta ser universalmente reconocido siendo que su aplicación práctica puede ser variable (Figueroa-Robles, 2024), sin embargo, esto plantea desafíos en términos de equilibrio procesal (Morillo-Suarez y Villacrés-López, 2023).

En cuanto a las garantías del debido proceso, Durán y Henríquez (2021) enfatizan la importancia de la imparcialidad judicial como fundamento del debido proceso, García (2022) y Flórez (2018). sostienen la relevancia de la citación oportuna; por otro lado, Gaspar y Fernández (2021) enfatizan sobre los desafíos y oportunidades de la ejecución, fenómenos que tienen suma implicancia en el debido proceso a causa de la brecha digital existente. Por otro lado, la tensión jurídica que existe sobre la prevalencia de los derechos de celeridad requerida en el proceso de alimentos presenta un desafío constante para los sistemas judiciales a partir de las garantías del debido proceso (Garrán-Martínez, 2024.

En lo que respecta al equilibrio y la celeridad en el proceso de alimentos, Ballesteros (2024) enfatiza la importancia desafío constante en los juicios de alimentos; Juma y Fajardo (2024) analizan los tiempos procesales en estos juicios; por su parte, Ampuero et al. (2024) discuten las implicaciones para el equilibrio procesal; asimismo, Figueroa et al. (2024) examinan el uso de herramientas tecnológicas para agilizar la recaudación de pensiones alimenticias, de ahí que el impulso excesivo de este derecho no debería de justificarse para adoptar medidas que pueden afectar otras garantías procesales (Figueredo, 2022).

En consideración al impacto de las reformas legales, Rosillo y Castro (2024), Riveros (2023), Baldino y Romero (2021), Maldonado et al. (2021) examinan el impacto de la pandemia en las demandas de alimentos, lo cual podría tener paralelismos jurídicos con relación a las posibles modificaciones legales relacionadas a la materia.

Las normas afines al proceso de alimentos, deben estar debidamente equilibradas en cuanto al respeto a las garantías procesales de todas las partes involucradas (Alvarez-León, 2024) y (Arandia-Zambrano et al., 2021). El análisis de estas fuentes sugiere herramientas tecnológicas y criterios objetivos para la determinación de pensiones, mientras se mantiene la imparcialidad judicial de las partes involucradas (Blanck, 2024).

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Durán y Henríquez (2021) enfatizan la importancia de la imparcialidad judicial como fundamento del debido proceso. Quintana (2022) profundiza en el concepto de imparcialidad del tribunal. Moraes y Nojiri (2024), Romão y Caldas (2024) examinan la imparcialidad judicial como un derecho fundamental del debido proceso legal. Por su parte, Klippel (2023) discute las transformaciones del concepto de imparcialidad en el contexto de las nuevas tecnologías. En consecuencia, la ampliación de las facultades judiciales en procesos de alimentos plantea un desafío significativo para mantener la percepción y la realidad de la imparcialidad judicial (Gaspar-Pacheco, y Fernández-Espinoza, 2021).

En cuanto a la defensa del demandado, García (2022), Sanchez (2020), Gaspar y Fernández (2021) discuten los desafíos que lo afectan, adicionalmente, Etchegaray (2023) examina los derechos fundamentales

En consideración al equilibrio procesal y el mantenimiento de las garantías procesales, Ballesteros (2024) enfatiza la importancia del principio de celeridad. Juma y Fajardo (2024) analizan los tiempos procesales en estos juicios. Figueroa et al. (2024) examinan el uso de herramientas tecnológicas para agilizar la recaudación de pensiones alimenticias. Por su parte, Torres e Ibáñez (2022) discuten la judicialización en la digitalización de los procesos de alimentos y cómo esto puede afectar las garantías procesales (Gil-Osuna y Lizcano-Chapeta, 2024).

El principio de celeridad procesal debe interpretarse en armonía con la Ley 31464 buscando agilizar su procedimentalidad (Cid-Vázquez, 2022) por sobre las demás garantías procesales y la jurisprudencia internacional (Herencia, 2021).

Merchán et al. (2020) argumentan que este principio debe tener parámetros mínimos para su aplicación efectiva. Mendoza (2022) lo considera un derecho humano esencial. Debemos de tener en cuenta que, la Ley 31464 está orientada a proteger este principio, pero es indispensable que esta protección no se logre a expensas de las garantías procesales fundamentales del demandado (Ramírez-Paniura, 2024).

En consecuencia, del examen de los hallazgos sobre como estas nuevas facultades otorgadas al juez por la Ley 31464 afectan la imparcialidad judicial, revela una tensión significativa entre la protección jurídica de los menores, la celeridad procesal y las garantías del debido proceso. Es crucial que la implementación busque un equilibrio cuidadoso entre estos principios, asegurando que la ampliación de las facultades judiciales no comprometa la imparcialidad del tribunal ni el derecho a la defensa efectiva del demandado (Fuentes-Maureira, 2015).

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En cuanto a la virtualización de los procesos judiciales, impulsada por la Ley 31464, en el acceso a la justicia y considerando las brechas tecnológicas, se identifica hallazgos (Romanelli y Drouianov, 2022). Gaspar y Fernández (2021) discuten los desafíos y oportunidades de la implementación virtual del proceso de alimentos. Rojas (2022) analiza la adopción de la virtualidad en el proceso judicial a causa de la pandemia. Torres e Ibáñez (2022) examinan la judicialización lo cual tiene paralelismos con la digitalización de los procesos judiciales. Figueroa et al. (2024) estudian el uso de herramientas tecnológicas para agilizar la recaudación de pensiones alimenticias (Castillo-Saldías, 2019).

En consecuencia, la virtualización de los juicios, si bien ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y el acceso a la justicia, también plantea desafíos significativos, especialmente en términos de equidad y accesibilidad para todas las partes involucradas (Vallejo-Lara et al, 2024).

Baldino y Romero (2020); Juma y Fajardo (2024); Riveros (2023); Trujillo y Araya (2023) analizan como el fenómeno de los juicios de alimentos, independiente de su diligenciamiento por parte de las autoridades judiciales con relación al emplazamiento efectivo del demandado, resulta ser un fenómeno que genera otro tipo de problemas como el desconocimiento del proceso, de la sentencia, de las liquidaciones e incluso, el inicio del proceso penal a causa del incumplimiento, si bien es cierto que existen demandados que ejercen violencia económica al no cumplir con su deber, también es cierto que se llevan procesos en donde estos individuos no tiene pleno conocimiento de que son partes de un proceso ni mucho menos son conscientes de la transgresión a sus garantías procesales (Bryman y Bell, 2019), por ende, la virtualización de estos procesos pueden facilitar el acceso - en algunos casos- y a la vez crear barreras para aquellos con limitaciones tecnológicas (Flórez, 2018).

Torres e Ibáñez (2022) discuten la judicialización de la inclusión digital. Gaspar y Fernández (2021) abordan los desafíos del proceso virtual de pensión de alimentos. Rojas (2022) analiza los retos de la adopción de la virtualidad en el proceso judicial. Figueroa et al. (2024) examinan el uso de herramientas tecnológicas.

Con relación al equilibrio entre la eficiencia procesal y las garantías del debido proceso, de acuerdo con Ballesteros (2024) se enfatiza la importancia del principio de celeridad en la sustanciación. Durán y Henríquez (2021) subrayan la importancia de la imparcialidad judicial. García (2022) aborda la relevancia de la citación oportuna al demandado. Etchegaray (2023) examina la admisibilidad en un equilibrio entre la eficiencia procesal y las garantías del debido proceso. Este equilibrio resulta ser particularmente crucial (Garrán-Martínez, 2024).

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En consecuencia, la investigación sobre la influencia de la virtualización de los procesos judiciales considerando las brechas tecnológicas existentes, revela una compleja interacción entre la innovación tecnológica, el acceso a la justicia y las desigualdades sociales existentes (Carretta-Muñoz, 2021).

La virtualización ofrece oportunidades significativas, Gaspar y Fernández (2021) y Figueroa et al. (2024) plantean desafíos importantes. Torres e Ibáñez (2022) y Rojas (2022) consideran incluso que pueden exacerbar las desigualdades (García, 2022), (Riveros, 2023), (Trujillo y Araya, 2023), (Durán y Henríquez, 2021).

Para abordar estos desafíos, será necesario desarrollar estrategias que mitiguen el impacto de las brechas tecnológicas, como proporcionar acceso a tecnología y capacitación a las partes que lo necesiten, implementar sistemas híbridos que permitan tanto la participación virtual como presencial, y asegurar que los procesos virtualizados mantengan todas las garantías procesales necesarias. Además, será importante monitorear continuamente el impacto de estas medidas y estar dispuestos a realizar ajustes según sea necesario (Bazán-Dobbertin, 2022).

DISCUSIÓN

A partir de la revisión de la literatura, Adroher (2024), Jin (2023), Merchán et al. (2020) y Ruiz (2019) abordan respecto de la protección integral de la infancia con una visión actualizada sobre las políticas públicas como modelo para otras jurisdicciones, enfatizando la necesidad de políticas integrales que consideren las necesidades de los menores (Etchegaray-Oliva, 2023).

Ballesteros (2024), Álvarez et al. (2020) y Juma y Fajardo (2024) coinciden en que la celeridad judicial en este tipo de procesos resulta crucial, se destaca la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales que obligan al demandado a cumplir con sus deberes alimentarios. En la investigación de Gaspar y Fernández (2021) se examina los avances y desafíos del sistema judicial con relación a la virtualidad del proceso de alimentos y se considera que la tecnología puede contribuir de forma célere y eficiente en este tipo de procesos.

Las investigaciones de Blanck (2024), De Lima Borges (2022), Quintana (2022), Durán y Henríquez (2021) destacan el vínculo de la imparcialidad judicial para mejorar el sistema de justicia.

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En los estudios de Ampuero et al. (2024) y Álvarez (2024) se analizan los efectos del desequilibro procesal en casos de tenencia y como las nuevas modalidades de la misma pueden impactar en el equilibrio procesal entre las partes.

En las investigaciones de Figueroa et al. (2024) y, Torres y Ibáñez (2022) se analizó la virtualización de los procesos y como las herramientas tecnológicas pueden servir para agilizar la recaudación de pensiones. En el estudio de Regina (2024) y Klippel (2023) se evidenció que se puede afectar la percepción de imparcialidad de los jueces al momento de actuar las pruebas de oficio.

En las investigaciones de Etchegaray (2023) y Rojas (2022) se considera que la virtualidad en el sistema judicial puede impactar de forma negativa en las garantías del debido proceso, puesto que, las brechas digitales y el desconocimiento de los justiciables con relación al mismo, puede desarrollar actuaciones que quiebren garantías mínimas que debe ser protegidas por el Estado y la sociedad.

Las teorías y conceptos jurídicos abordados proporcionan un marco sólido para analizar la Ley 31464 en el equilibrio procesal de los juicios de alimentos (Macedo, 2021) (Sotelo, 2021) a partir de una relación intrínseca con la dignidad de la persona.

Baldino y Romero (2020) y Steffens (2021) advierten que, la ley en comento, al otorgar mayores facultades al juez y establecer medidas como la asignación anticipada de alimentos, plantea cuestionamientos sobre imparcialidad judicial y derecho a la defensa del demandado. Regina (2024) profundiza la subjetividad del juez y la prueba de oficio en relación con la imparcialidad, e indica que, las facultades ampliadas de los jueces pueden influir en la percepción de imparcialidad.

Figueroa et al. (2024) indican que, si bien estas herramientas pueden agilizar los procesos, también pueden generar nuevos desafíos relacionados con la brecha digital; es por ello que, Torres y Ibáñez (2022) refieren que, la digitalización puede afectar a los grupos vulnerables. Klippel (2023) examina el concepto de imparcialidad judicial en el contexto de las nuevas tecnologías, sugiriendo que las transformaciones tecnológicas pueden influir en cómo se percibe y aplica la imparcialidad en los procesos judiciales. Trujillo y Araya (2023) abordan el no pago de pensiones alimenticias como una forma de violencia económica, aportando una perspectiva de género crucial. Rojas (2022) analiza la adopción de la virtualidad en los procesos judiciales, destacando tanto los desafíos como las oportunidades que presenta la modernización judicial.

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El análisis crítico de estos estudios previos revela la complejidad multidimensional de la Ley 31464 peruana en cuanto al equilibrio procesal en los procesos de alimentos y se advierte que existe un constante conflicto entre derechos además de efectos negativos de la virtualidad procesal; factores socioeconómicos y las consideraciones de género que añaden capas adicionales de complejidad que deben ser cuidadosamente consideradas en la implementación y evaluación.

En el estudio de Juma y Fajardo (2024) se plantean una preocupación fundamental al cuestionar si la búsqueda de celeridad procesal puede vulnerar principios fundamentales del proceso; en el estudio se sostiene que, las reformas procesales orientadas a la rapidez pueden afectar otras garantías fundamentales. En la misma línea, Etchegaray (2023) sugiere que las medidas para agilizar los procesos deben equilibrarse cuidadosamente para evitar vulneraciones.

Gaspar y Fernández (2021) refieren que, si bien la tecnología puede contribuir a la celeridad y eficiencia en estos procesos, también puede generar nuevas formas de exclusión debido a la brecha digital existente. Complementando esta perspectiva, Torres y Ibáñez (2022) analizan la judicialización de la inclusión digital en Argentina, argumentando que la brecha digital puede convertirse en una barrera significativa para grupos vulnerables.

Fuentes (2015) aborda los dilemas que enfrentan los jueces de familia al tratar de conciliar su función tuitiva con la necesidad de mantener la imparcialidad. Asimismo, Regina (2024) profundiza el analizar la subjetividad del juez y la prueba de oficio en relación con la imparcialidad, esto es debido a que, las facultades ampliadas de los jueces pueden deslegitimar el proceso judicial.

Maldonado et al. (2021) abordan el impacto de la informalidad laboral, los autores argumentan que, la inestabilidad económica es un patrón condicionante. Trujillo y Araya (2023) profundizan en la dimensión de género del incumplimiento de las obligaciones alimentarias, caracterizándolo como una forma de violencia económica.

Ampuero et al. (2024) sostienen que estas nuevas modalidades relacionadas a la custodia requieren de una reanálisis sobre cómo se determinan y ejecutan las pensiones alimenticias. La diversidad de perspectivas presentadas en las investigaciones, evidencia que existe un delicado balance entre la eficiencia procesal, las garantías del debido proceso (Pancera, 2022).

CONCLUSIONES

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Se concluyó que, la virtualización de los procesos judiciales impulsada por la Ley 31464 en Perú, tiene un impacto dual, por un lado, ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los procesos, potencialmente beneficiando a muchas partes involucradas, sin embargo, las brechas tecnológicas existentes plantean desafíos significativos, pudiendo exacerbar las desigualdades en grupos vulnerables. La implementación efectiva de esta virtualización requerirá un enfoque cuidadoso que aborde estas brechas, posiblemente a través de un sistema híbrido que permita tanto la participación virtual como presencial, la provisión de recursos tecnológicos y capacitación para las partes que lo necesiten, y el desarrollo de protocolos claros para garantizar la equidad y el debido proceso en el entorno virtual. Será fundamental monitorear continuamente el impacto de estas medidas y realizar ajustes según sea necesario para asegurar que la virtualización mejore.

De otro lado, las nuevas facultades otorgadas al juez por la Ley 31464 en Perú plantean riesgos potenciales respecto de la imparcialidad judicial, resultando crucial monitorear de cerca los efectos de esta ley en la práctica y estar dispuestos a realizar ajustes legislativos si se observan desequilibrios significativos en su aplicación, el cual demandaría no solo cambios legislativos, sino también una adaptación integral del sistema judicial, incluyendo la formación especializada de jueces y operadores jurídicos (Sarti. et al.,2011).

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