ISSN: 2959-6513 - ISSN-L: 2959-6513

Volumen 5.  No. 10 / Enero – Julio 2025

Páginas 37 - 55

 

 

 

 

Medida cautelar y tutela jurisdiccional efectiva en la celeridad adjetiva por obligación alimentaria en ámbito judicial

Precautionary measure and effective judicial protection in the procedural speed regarding alimony obligations in the judicial sphere

Medida cautelar e tutela jurisdicional efetiva na celeridade processual em relação à obrigação alimentícia no âmbito judicial

 

 

Sandy Flor Dextre Garcilazo

sdextre05@hotmail.com

orcid.org/0009-0008-9680-0649

Universidad César Vallejo

Lima – Perú

https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i10.1010

 

Artículo recibido 18 de septiembre de 2024 / Arbitrado 04 de octubre de 2024 / Aceptado 30 noviembre 2024 / Publicado 01 de enero de 2025

 

Resumen

La medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva son conceptos fundamentales en el ámbito del derecho procesal. Con el propósito de evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas cautelares y la tutela jurisdiccional efectiva en el ámbito judicial peruano, específicamente en los casos de obligación alimentaria, identificando las causas de su deficiencia y proponiendo mejoras para garantizar una respuesta judicial más rápida y adecuada. La investigación se realizó con un diseño transeccional correlacional-causal, permitiendo describir vínculos entre variables en un momento determinado. La población estuvo constituida por 200 trabajadores, de los cuales se seleccionaron 132 como muestra representativa. Se utilizó una encuesta con cuestionarios para la recolección de datos, garantizando la validez y confiabilidad mediante un proceso riguroso y el coeficiente de Cronbach. Se obtuvieron los permisos necesarios y se aseguró la confidencialidad de los participantes. El procesamiento de los datos se realizó con IBM SPSS® versión 25, aplicando técnicas estadísticas descriptivas y pruebas de hipótesis, incluyendo Chi-cuadrado y Pseudo R cuadrado. Casi la mitad de los involucrados en el estudio evaluó como regular la medida cautelar y la tutela efectiva; el 42.4% consideró regular la celeridad procesal. La celeridad adjetiva depende en un 72% de estas variables. Se concluye que las medidas cautelares mejoran la celeridad en procesos alimentarios judiciales.

Palabras clave: Cautelar; Celeridad; Demanda; Medida; Tutela. 

 

Abstract

The precautionary measure and effective judicial protection are fundamental concepts in the field of procedural law. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness and efficiency of precautionary measures and effective judicial protection within the Peruvian judicial system, specifically in cases of alimony obligations, identifying the causes of their deficiencies and proposing improvements to ensure a faster and more adequate judicial response. The research was conducted using a correlational-causal cross-sectional design, allowing for the description of relationships between variables at a specific point in time. The population consisted of 200 workers, with 132 selected as a representative sample. A survey with questionnaires was used for data collection, ensuring validity and reliability through a rigorous process and the Cronbach's alpha coefficient. Necessary permissions were obtained, and participant confidentiality was ensured. Data processing was carried out using IBM SPSS® version 25, applying descriptive statistical techniques and hypothesis tests, including Chi-square and Pseudo R-squared. Nearly half of the participants evaluated the precautionary measure and effective protection as regular; 42.4% considered procedural speed to be regular. Procedural speed depends 72% on these variables. It is concluded that precautionary measures improve the speed of judicial processes related to alimony obligations.

Keywords: Precautionary; Speed; Demand; Measure; Protection.

 

Resumo

A medida cautelar e a tutela jurisdicional efetiva são conceitos fundamentais no campo do direito processual. O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia e eficiência das medidas cautelares e da tutela jurisdicional efetiva dentro do sistema judicial peruano, especificamente em casos de obrigações alimentares, identificando as causas de suas deficiências e propondo melhorias para garantir uma resposta judicial mais rápida e adequada. A pesquisa foi realizada com um desenho transeccional correlacional-causal, permitindo descrever relações entre variáveis em um momento específico. A população foi composta por 200 trabalhadores, dos quais 132 foram selecionados como amostra representativa. Foi utilizada uma pesquisa com questionários para a coleta de dados, garantindo validade e confiabilidade através de um processo rigoroso e do coeficiente de Cronbach. Foram obtidas as permissões necessárias e garantida a confidencialidade dos participantes. O processamento dos dados foi realizado com o IBM SPSS® versão 25, aplicando técnicas estatísticas descritivas e testes de hipótese, incluindo Qui-quadrado e Pseudo R-quadrado. Quase metade dos participantes avaliou a medida cautelar e a tutela efetiva como regulares; 42,4% consideraram a celeridade processual como regular. A celeridade adjetiva depende em 72% dessas variáveis. Conclui-se que as medidas cautelares melhoram a celeridade nos processos judiciais relacionados às obrigações alimentares.
Palavras-chave: Cautelar; Celeridade; Demanda; Medida; Tutela.

 

INTRODUCCIÓN

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La medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva son conceptos fundamentales en el ámbito del derecho procesal, especialmente en La garantía de los derechos personales, dentro de un sistema judicial. La medida cautelar actúa como un mecanismo preventivo que asegura la efectividad de una eventual decisión judicial, evitando que el tiempo y las dilaciones procesales perjudiquen a las partes involucradas, especialmente en casos donde se reclaman obligaciones alimentarias. Por su parte, la tutela jurisdiccional efectiva garantiza que toda persona tenga acceso a un recurso judicial que le permita defender sus derechos e intereses legítimos, asegurando que las decisiones sean rápidas y adecuadas (Rodríguez, 2019, Morales, 2020).

En tal sentido, la importancia de las medidas cautelares radica en su capacidad para prevenir daños irreparables o difíciles de reparar mientras se resuelve un litigio. En el contexto de las obligaciones alimentarias, por ejemplo, una medida cautelar puede ordenar el pago inmediato de alimentos a favor del beneficiario, asegurando así su sustento diario. Esta función preventiva es esencial para proteger a quienes dependen económicamente de estos pagos, ya que cualquier retraso podría tener consecuencias graves en su felicidad y Bienestar general (Molineros, 2017, Morales, 2020).

En otro aspecto, Hernández y Mendoza, (2018) señalan que la protección judicial efectiva se relaciona con el derecho de las personas a acceder a una resolución judicial oportuna y adecuada sobre sus derechos e intereses. Este concepto es fundamental en un Estado de Derecho, ya que implica que los tribunales deben actuar con celeridad y eficacia para garantizar que las decisiones judiciales no solo sean justas, sino también efectivas. La falta de una respuesta rápida por parte del sistema judicial puede llevar a situaciones de injusticia, donde los derechos de las personas queden desprotegidos durante períodos prolongados.

La interrelación entre ambos conceptos es crucial para la celeridad adjetiva en los procesos judiciales. Sin medidas cautelares adecuadas, la tutela jurisdiccional efectiva podría verse comprometida, ya que las demoras en la ejecución de las sentencias pueden resultar en daños irreparables para quienes dependen de decisiones rápidas y justas. Así, estas herramientas no solo son esenciales para el cumplimiento de los derechos sustantivos, sino que también constituyen un pilar en la construcción de un sistema judicial que respete y garantice la justicia en un Estado de Derecho (Acosta-Alvarado,2020).

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La implementación efectiva de medidas cautelares puede acelerar el proceso judicial y garantizar que los derechos alimentarios sean respetados sin demoras injustificadas. Además, la celeridad adjetiva en los procesos judiciales está estrechamente vinculada a la existencia y aplicación de medidas cautelares. Investigaciones manifiestan que una proporción significativa de la celeridad procesal depende de la adopción oportuna de estas medidas. Esto resalta no solo la importancia práctica de las medidas cautelares en la administración de justicia, sino también su papel como herramienta clave para asegurar una tutela efectiva de los derechos en situaciones críticas (Archila et al.,2018).

En Perú, la celeridad en la resolución de estos casos es crucial, dado que las obligaciones alimentarias involucran derechos fundamentales de personas vulnerables, como niños y ancianos, que dependen de estos pagos para su sustento diario. La investigación realizada en Lima Norte en 2023 destaca la importancia de estas herramientas legales, mostrando que el 72% de la celeridad procesal está relacionada con la aplicación efectiva de medidas cautelares y la tutela jurisdiccional (Caballol, 2012).

En tal sentido, en el ámbito judicial peruano, la aplicación de medidas cautelares y la tutela jurisdiccional efectiva enfrentan diversas dificultades que afectan la celeridad adjetiva en casos de obligaciones alimentarias. Entre estas dificultades se encuentran las demoras excesivas en los pronunciamientos judiciales, que pueden resultar en daños irreparables para los beneficiarios; los requisitos administrativos, como la exigencia de garantías o cauciones, que pueden limitar el acceso a la justicia para quienes tienen recursos limitados; y la discrecionalidad judicial, que puede llevar a decisiones arbitrarias e inconsistentes (Calderón, 2022).

Además, la confusión entre los requisitos de procedibilidad y ejecución de las medidas cautelares complica aún más su aplicación efectiva. La falta de capacitación adecuada para jueces y funcionarios sobre el uso correcto de estas herramientas también contribuye a su ineficacia. En conjunto, estas dificultades impactan negativamente en Los derechos esenciales de los individuos implicados, socavando La seguridad que tiene la sociedad en el sistema judicial, y perpetuando situaciones de vulnerabilidad para aquellos que dependen de decisiones rápidas para su sustento diario (Castro, 2021).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas cautelares y la tutela jurisdiccional efectiva en el ámbito judicial peruano, específicamente en los casos de obligación alimentaria, identificando las causas de su deficiencia y proponiendo mejoras para garantizar una respuesta judicial más rápida y adecuada.

MÉTODO

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La investigación se desarrolló bajo un diseño transeccional correlacional-causal, lo que permite describir los vínculos entre dos o más variables en un instante específico, ya sea de manera correlativa o en relación a causas y efecto. Para evitar sesgos, todas las variables fueron evaluadas y presentadas en su estado "natural", lo que clasifica el enfoque como no experimental.

La muestra del estudio estuvo compuesta por 200 empleados de la institución elegida. Los criterios de inclusión abarcaron a los empleados ubicados dentro del distrito correspondiente, mientras que se excluyeron aquellos trabajadores de otras áreas. La muestra se determinó en 132 trabajadores, seleccionados para ser representativos de la Número total de habitantes.

La principal metodología utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, utilizando cuestionarios como instrumentos para estructurar las preguntas y facilitar la obtención de información sistemática y organizada. Estos cuestionarios permitieron recolectar datos sobre las variables definidas en la investigación. Para garantizar la validez de los instrumentos, se siguió un proceso riguroso que incluyó la revisión de literatura relacionada con los constructos de interés, la identificación de indicadores adecuados y la elaboración de preguntas que reflejaran con precisión los aspectos a medir. La confiabilidad se evaluó mediante el coeficiente de Cronbach, que analizó la consistencia interna del instrumento. Antes del inicio del proceso de recolección de datos, Se adquirieron las autorizaciones necesarias de la organización implicada.

Se solicitó autorización a la secretaría de la facultad y se presentó el proyecto al consejo de ética interno de la institución universitaria. Una vez obtenidos los permisos, se procedió a informar a los participantes sobre la naturaleza del estudio y el uso que se dará a sus datos, asegurando el respeto a su derecho a la confidencialidad y anonimato. Se aplicaron técnicas estadísticas descriptivas para visualizar los resultados en tablas y gráficos de frecuencias. Para el análisis del Comparación de hipótesis, se utilizó la Análisis no paramétrico de Regresión Logística Ordinal (RLOsiguiendo un enfoque no lineal acorde con las ecuaciones establecidas. Además, se utilizó un enfoque estadístico que incluyó el cálculo del Estadístico Chi-cuadrado para establecer la significación de las asociaciones entre variables.

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Los análisis demostraron que en todos los casos considerados, el p-valor resultó inferior a 0.05, indicando una relación significativa entre las variables. Se aplicó también el estadístico de la prueba Pseudo R cuadrado para evaluar el nivel de variabilidad en las relaciones analizadas, seleccionando el coeficiente de Nagelkerke como el más representativo en todos los casos evaluados. Este método facilita la estimación de la parte de la variable dependiente que puede ser atribuida a las independientes. El procesamiento de los datos se realizó a través del software IBM SPSS® versión 25.

RESULTADOS

Los resultados logrados en la medición de los niveles de efectividad de las medidas cautelares en el ámbito judicial (Gráfico 1) revelaron una distribución preocupante. De acuerdo con los datos analizados, se encontró que el 43.2% de las medidas cautelares se clasificaron como deficientes, lo que indica que una parte significativa de estas medidas no cumple con su función de proteger adecuadamente los derechos de los beneficiarios. Por otro lado, el 47.0% de las medidas cautelares fueron consideradas regulares, lo que sugiere que, aunque cumplen parcialmente con su propósito, aún presentan áreas de mejora que deben ser atendidas para garantizar una protección efectiva.


Gráfico 1. Niveles de medida cautelar

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Los hallazgos de la evaluación de los niveles en las dimensiones acciones provisionales específicamente en relación con el peligro de demora, muestran una distribución que refleja diversas preocupaciones sobre su efectividad. Según los datos obtenidos, se encontró que el 26% de las evaluaciones del peligro de demora se clasificaron como deficientes, indicando que una porción considerable de estas medidas no logra garantizar la protección adecuada ante posibles daños irreparables. Adicionalmente, el 46.2% de las medidas se consideraron regulares, lo que sugiere que, aunque cumplen parcialmente con su función, aún presentan deficiencias significativas que deben ser abordadas para mejorar su eficacia. Por último, un 27% de las evaluaciones fueron clasificadas como eficientes, lo que indica que estas medidas logran cumplir adecuadamente su propósito de prevenir daños en situaciones donde el tiempo es un factor crítico. Estos resultados destacan la necesidad de implementar mejoras en la aplicación y evaluación del peligro de demora en las medidas cautelares, con el fin de asegurar Una salvaguarda más eficiente para los derechos de quienes se benefician.

Por otra parte, los resultados de la evaluación de la verosimilitud de presentación reflejaron un panorama preocupante en cuanto a la credibilidad y plausibilidad de los relatos presentados.  De acuerdo con los datos analizados, se encontró que el 59.1% de las evaluaciones se clasificaron como deficientes, lo que indica que una gran parte de las presentaciones no logra generar una apariencia de verdad convincente, afectando la conexión del público con el contenido. Por otro lado, el 34% de las presentaciones fueron consideradas regulares, sugiriendo que, aunque estas lograron cierta credibilidad, aún presentan deficiencias significativas que limitan su efectividad en términos de verosimilitud.

Por último, solo un 6.8% de las evaluaciones se clasificaron como eficientes, lo que indica que estas presentaciones cumplen adecuadamente con los criterios de plausibilidad y credibilidad. Estos resultados subrayan la necesidad urgente de mejorar la calidad y coherencia en la presentación de los relatos, para asegurar una mayor aceptación y conexión emocional por parte del público.


Gráfico 2. Categorías de las dimensiones de las medidas preventivas

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Los hallazgos de la evaluación de los niveles de tutela efectiva (Gráfico 3) mostraron una variedad en la percepción de su efectividad. Según los datos obtenidos, el 20.5% de las evaluaciones se clasificaron como malos, lo que indica que una parte significativa de los casos no logra proporcionar la tutela apropiada de los derechos de los beneficiarios. En contraste, el 47% de las evaluaciones fueron consideradas regulares, lo que sugiere que, aunque estas medidas ofrecen cierta protección, aún presentan deficiencias que limitan su efectividad en garantizar una tutela efectiva. En último lugar, un 32.6% de las evaluaciones se clasificaron como buenas, lo que indica que estas medidas logran cumplir con los estándares necesarios para ofrecer una Salvaguarda suficiente. a los derechos de las personas involucradas. Estos resultados destacan la necesidad de realizar mejoras en la implementación y evaluación de la tutela efectiva, para asegurar una mayor protección y satisfacción de los beneficiarios en el sistema judicial.


Gráfico 3. Niveles de tutela efectiva

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Los datos derivados de la evaluación sobre el acceso a la justicia y otros temas (Gráfico 4) revelaron preocupaciones significativas entre los colaboradores. Un 53.8% considera que el acceso a la justicia es regular, lo que indica que, en su mayoría, no logran obtener una resolución justa y efectiva de sus problemas legales a través del sistema judicial. Asimismo, el 71.2% reporta que el derecho al debido proceso es regular, sugiriendo que no se realiza una notificación adecuada de los cargos. En cuanto a la sentencia al fondo, el 55.3% la califica como regular, reflejando insuficiencia en la calidad de las decisiones judiciales. Además, el 43.2% opina que la doble instancia es regular, lo que implica una falta de garantía En el derecho a presentar un recurso ante un tribunal de apelaciones. Finalmente, el 40.2% expresa que la ejecución de la sentencia es mala, señalando que las decisiones judiciales no se implementan ni se hacen cumplir efectivamente. Estos resultados subrayan la necesidad de mejorar la efectividad del sistema judicial para garantizar derechos fundamentales y un acceso adecuado a la justicia.

Gráfico 4. Porcentajes diferentes dimensiones de la tutela efectiva

 




 

 

 

 

Los resultados de la evaluación de los niveles de celeridad procesal (gráfico 5) mostraron una distribución preocupante en cuanto a la eficiencia del sistema judicial. se encontró que el 18.2% de los participantes calificaron la celeridad procesal como mala, lo que indica que una parte significativa de los casos experimenta demoras considerables. además, el 42.4% de los encuestados consideraron que la celeridad procesal es regular, sugiriendo que, aunque hay cierta agilidad en algunos procesos, aún persisten deficiencias que afectan la rapidez y efectividad del sistema. por otro lado, un 30.4% evaluó la celeridad procesal como buena, lo que indica que, en estos casos, se logra una respuesta oportuna y adecuada. estos resultados reflejan la necesidad urgente de implementar mejoras en los procedimientos judiciales para optimizar la celeridad y proporcionar un acceso más ágil a la justicia para todos los afectados.


Gráfico 5. Porcentajes de celeridad procesal

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Los resultados de la evaluación sobre diversos aspectos del proceso judicial (Grafico 6) indican preocupaciones significativas en su funcionamiento. Un 55% de los participantes considera que la calificación de demanda es regular, lo que sugiere que no se garantiza adecuadamente el derecho de las personas a tener acceso a un juzgado neutral y autónom. Asimismo, el 50.8% califican la elaboración de cédula de notificación como regular, indicando deficiencias en este proceso. En contraste, el 49.2% evalúan el proceso de coordinación como bueno, lo que refleja que, en general, los encargados cumplen con las coordinaciones necesarias. Sin embargo, el 50.8% mencionan que el impulso del proceso es regular, lo que señala que algunos funcionarios no actúan con la diligencia y celeridad requeridas. Finalmente, el 54% considera que la celeridad en la audiencia única es regular, evidenciando que estas audiencias no se llevan a cabo a tiempo debido a demoras significativas. Estos resultados resaltan la necesidad de mejorar varios aspectos del sistema judicial para garantizar una protección más efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Gráfico 6. Porcentajes con las dimensiones de la rapidez procesal

La tabla 1 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste para las variables analizadas, evidenciando que en todos los casos e encuentra por debajo de 0.05. Además, se destaca que el mayor valor de Chi-cuadrado Se manifiesta en la rapidez procesal entre la medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva, mientras que el valor más bajo se observa en la conexión entre estas variables y la producción de un documento de notificación sobre la obligación de alimentos.

Tabla 1. Información de prueba de ajuste de los modelos

Dimensión

Valor de Chi-Cuadrado

p-valor

Medida cautelar y tutela jurisdiccional efectiva

131.292

 

0.0004

 

Elaboración de cédula de notificación de alimentos

71.448

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La tabla 2 presenta el estadístico Pseudo R cuadrado, que mide la variabilidad, destacando el coeficiente de Nagelkerke como el valor más alto. Los resultados revelan que la celeridad adjetiva depende en un 72.0% de la medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva, mientras que la calificación de la demanda lo hace en un 72.5%. Además, la producción de rúbrica para la comunicación de suministros depende en un 52.2%, el proceso de coordinación de alimentos en un 62.2%, el impulso del proceso de alimentos en un 50.9%, y la celebración de audiencia única de alimentos en un 56.5%. En conjunto, estas variables muestran una fuerte influencia de las medidas cautelares y la tutela jurisdiccional efectiva.

Tabla 2. Prueba Pseudo R cuadrado

Dimensión

Pseudo R Cuadrado (Nagelkerke)

Porcentajes de dependencia

Celeridad adjetiva

0.72

72.0

Calificación de la demanda

0.72

72.5

Elaboración de cédula de notificación de alimentos

0.40

52.2

Proceso de coordinación de alimentos

0.59

62.2

Impulso del proceso de alimentos

0.49

50.9

Celebración de audiencia única de alimentos

0.53

56.5

Los hallazgos se detallan en la Tabla 3 de la estimación de parámetros que relacionan la medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva con la celeridad adjetiva. Los coeficientes Wald asociados a cada prueba son todos superiores a 4, lo que indica que estos factores son predictores significativos en diferentes contextos. Por ejemplo, la medida cautelar en un nivel deficiente (Wald = 1062.287, p < 0.05) y la tutela jurisdiccional efectiva en un nivel regular (Wald = 23.952, p < 0.05) son predictores de una celeridad adjetiva regular (Wald = 596.434, p < 0.05). Asimismo, ambos factores también predicen la apreciación de la solicitud en un nivel regular, con Wald = 2116.192 (p < 0.05). En cuanto a la elaboración de cédula de notificación de alimentos, la medida cautelar en un nivel regular (Wald = 5.106, p < 0.05) y la tutela jurisdiccional efectiva en un nivel malo (Wald = 22.667, p < 0.05) son predictores de un nivel malo en este proceso (Wald = 37.926, p < 0.05). Además, para el proceso de coordinación de alimentos, ambos factores también se consideran predictores significativos, con Wald = 1383.380 (p < 0.05) para el nivel regular. Finalmente, tanto la medida cautelar como la protección judicial efectiva son relevantes para el impulso del proceso y la celebración de audiencia única, con coeficientes Wald que superan los valores críticos establecidos y significancias menores a 0.05, lo que resalta su importancia en el contexto judicial evaluado.

 

 

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Tabla 3. Estimación de parámetros

Dimensión

Nivel

Coeficiente Wald

Significancia (sig.)

Interpretación

Celeridad adjetiva

Deficiente

1062.287

0.000

Predictor significativo

 

Regular

596.434

0.000

Predictor significativo

Tutela jurisdiccional efectiva

Regular

23.952

0.000

Predictor significativo

Calificación de la demanda

Deficiente

907.276

0.000

Predictor significativo

 

Regular

2116.192

0.000

Predictor significativo

Tutela jurisdiccional efectiva

Malo

20.365

0.000

Predictor significativo

Desarrollo de un informe de notificación relacionado con alimentos

Regular

5.106

0.024

Predictor significativo

 

Malo

37.926

0.000

Predictor significativo

Tutela jurisdiccional efectiva

Malo

22.667

0.000

Predictor significativo

Proceso de coordinación de alimentos

Deficiente

1592.630

0.000

Predictor significativo

 

Regular

1383.380

0.000

Predictor significativo

Tutela jurisdiccional efectiva

Malo

20.590

0.000

Predictor significativo

Impulso del proceso de alimentos

Deficiente

4.884

0.027

Predictor significativo

 

Malo

36.552

0.000

Predictor significativo

Tutela jurisdiccional efectiva

Malo

25.887

0.000

Predictor significativo

Celebración de audiencia única de alimentos

Deficiente

1327.301

0.000

Predictor significativo

 

Regular

1901.378

0.000

Predictor significativo

Tutela jurisdiccional efectiva

Malo

40.606

0.000

Predictor significativo

DISCUSIÓN

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Los datos derivados de la evaluación de los niveles de eficacia de las medidas provisionales en el ámbito judicial revelan una situación alarmante que demanda una reflexión profunda sobre el estado actual del sistema. este panorama no solo resalta la ineficacia actual en la aplicación de medidas cautelares, especialmente en casos relacionados con obligaciones alimentarias, sino que también plantea un llamado a la acción para implementar mejoras significativas en los procesos judiciales. sin reformas adecuadas, se corre el riesgo de perpetuar un sistema que no satisface las necesidades básicas de justicia y protección para los ciudadanos más vulnerables (Cornejo, 2016).

Los hallazgos destacan la urgencia de revisar y mejorar los mecanismos actuales que regulan las medidas cautelares. la alta proporción de medidas deficientes sugiere que muchos beneficiarios no están recibiendo la protección legal necesaria, lo que puede llevar a situaciones de vulnerabilidad y desamparo. la escasa proporción de medidas clasificadas como eficientes refleja un sistema judicial que necesita ser revisado y ajustado para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades legales de la población. en este sentido, es fundamental adoptar enfoques innovadores y estrategias efectivas que permitan no solo aumentar la premura en la implementación de las medidas cautelares, sino también asegurar que estas cumplan con su propósito fundamental: proteger los derechos y facilitar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos (Castro, 2021, Calderón, 2022).

La evaluación de los niveles de las dimensiones de la medida cautelar, específicamente en relación con el peligro de demora, revelan una situación preocupante que exige una atención urgente por parte del sistema judicial. con un 26% de las evaluaciones clasificadas como deficientes, es evidente que una parte significativa de estas medidas no logra garantizar la protección adecuada ante posibles daños irreparables, lo que podría tener consecuencias devastadoras para los beneficiarios. además, el 46.2% de las medidas consideradas regulares sugiere que, aunque cumplen parcialmente su función, persisten deficiencias significativas que deben ser abordadas para mejorar su eficacia y asegurar una respuesta oportuna en situaciones críticas. Por otro lado, solo un 27% de las evaluaciones fueron clasificadas como eficientes, lo que indica que estas medidas logran cumplir adecuadamente su propósito en un contexto donde el tiempo es esencial. estos hallazgos subrayan la necesidad de implementar mejoras en la aplicación y evaluación del peligro de demora para proteger efectivamente los derechos de los beneficiarios (Cornejo, 2016, Chipayo, 2019, Cueva, y Suqui, 2022).

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Por otra parte, la evaluación de la verosimilitud de presentación refleja un panorama igualmente preocupante en cuanto a la credibilidad y plausibilidad de los relatos presentados. la falta de verosimilitud puede socavar la credibilidad del sistema judicial y afectar negativamente la percepción pública sobre la justicia. la interrelación entre la efectividad de las medidas cautelares y la credibilidad de las presentaciones judiciales resalta la importancia de adoptar un enfoque integral que no solo busque mejorar la celeridad y eficacia en la protección de derechos, sino también fortalecerlo a través de relatos claros y creíbles. En conjunto, estos resultados indican que es fundamental realizar reformas estructurales que aborden tanto la eficiencia procesal como la calidad del contenido presentado ante los tribunales para garantizar un acceso a la justicia más efectivo al alcance de todos (García-Leal, 2003, Erazo-Bustamante, 2019, Guamán, 2022).

Por otra parte, la evaluación de los niveles de tutela efectiva revela una distribución preocupante en cuanto a la percepción de su eficacia, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial. Con un 20.5% de las evaluaciones clasificadas como malas, es evidente que una parte significativa de los casos no logra proporcionar la protección adecuada de los derechos de los beneficiarios, lo que coincide con las afirmaciones de Hernández, (2015), Hernández, y Mendoza, (2018), López, (2018), sobre la importancia de las medidas cautelares como herramientas para evitar daños irreparables. además, el 47% de las medidas consideradas regulares sugiere que, si bien ofrecen cierta protección, aún presentan deficiencias significativas que limitan su efectividad, lo que se alinea con el análisis realizado por Rodríguez, (2019) sobre las antinomias en la puesta en práctica de estas medidas y su impacto en la protección judicial adecuada. Por último, el 32.6% clasificado como bueno indica que algunas medidas logran cumplir con los estándares necesarios para ofrecer protección adecuada, pero esto resalta la disparidad en la implementación y evaluación de la tutela efectiva. estos hallazgos subrayan la necesidad imperiosa de mejorar no solo la aplicación de las medidas cautelares, sino también la capacitación y sensibilización de los operadores jurídicos para asegurar una mayor protección y satisfacción de los beneficiarios en el sistema judicial, tal como se ha discutido en diversas investigaciones sobre el tema (Meléndez, 2022).

Sobre el acceso a la justicia revelan preocupaciones significativas que reflejan la percepción de los colaboradores respecto a la efectividad del sistema judicial, un 53.8% considera que el acceso a la justicia es regular, lo que indica que muchos no logran obtener una resolución justa y efectiva para sus problemas legales, un hallazgo que coincide con estudios previos que subrayan la importancia de un acceso efectivo a la justicia como un derecho fundamental (Monje, 2018).

50

 
Asimismo, el 71.2% reporta que el derecho al debido proceso es regular, sugiriendo que no se realizan notificaciones adecuadas de los cargos, lo cual podría afectar gravemente la reivindicación de los derechos personales Morales, (2020), en cuanto a la sentencia al fondo, el 55.3% la califica como regular, reflejando insuficiencia en la calidad de las decisiones judiciales, lo que resuena con las críticas sobre la falta de capacitación y recursos en el sistema judicial (Molineros, 2017). Además, el 43.2% opina que la doble instancia es regular, lo que implica una falta de garantía en el derecho a interponer un recurso ante una corte superior. En definitiva, un 40.2% expresa que la ejecución de la sentencia es mala, señalando que las decisiones judiciales no se implementan ni se hacen cumplir efectivamente. Estos resultados subrayan la necesidad urgente de mejorar la efectividad del sistema judicial para garantizar derechos fundamentales y un acceso adecuado a la justicia, así como implementar reformas estructurales que fortalezcan tanto el marco normativo como su aplicación práctica (Molineros, 2017).

Sin estas mejoras, se corre el riesgo de perpetuar un sistema que no satisface las necesidades básicas de justicia para todos los ciudadanos. Los resultados de la evaluación sobre el proceso judicial revelan preocupaciones significativas en su operación, lo que indica la necesidad de efectuar mejoras significativas para garantizar la salvaguarda de los derechos del ciudadano. En primer lugar, un 55% de los participantes considera que la calificación de demanda es regular, lo que sugiere que el sistema actual no garantiza adecuadamente el derecho fundamental de las personas a tener la posibilidad de acudir a un tribunal equitativo y libre de influencias. Esta percepción puede generar desconfianza en el sistema judicial y afectar la disposición de los ciudadanos a buscar justicia.

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En cuanto a la generación de un documento de aviso acerca de la manutención alimentaria, el 50.8% de los encuestados también la califica como regular, lo que indica que existen deficiencias en este proceso crucial para asegurar que las partes involucradas en un caso estén debidamente informadas y puedan ejercer su derecho a defensa. La falta de eficacia en este aspecto puede llevar a retrasos y complicaciones en la tramitación de los casos. por otro lado, aunque el 49.2% evalúa el proceso de coordinación como bueno, lo que refleja un cumplimiento adecuado por parte de los responsables, un 50.8% menciona que el impulso del proceso es regular. esto señala que algunos funcionarios no actúan con la diligencia y celeridad requeridas, lo que puede resultar en una prolongación innecesaria de los procedimientos judiciales y, en consecuencia, afectar la resolución oportuna de los conflictos.

En definitiva, el 54% considera que la celeridad en la audiencia única es regular, evidenciando demoras significativas en la realización de estas audiencias. estas demoras no solo afectan a las partes involucradas, sino que también pueden contribuir a una percepción generalizada de ineficiencia dentro del sistema judicial. En conjunto, estos hallazgos resaltan la urgente necesidad de implementar reformas y mejoras en varios aspectos del sistema judicial para asegurar una defensa más eficiente y accesible de los derechos de los ciudadanos, lo que fomenta una mayor confianza en el sistema judicial.

Se observó que el mayor valor de chi-cuadrado se presentó en la relación entre la medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva en la celeridad adjetiva. Este resultado sugiere una fuerte asociación entre estas dos variables, lo que puede acarrear consecuencias importantes para el funcionamiento del sistema judicial. Por otro lado, el menor valor de chi-cuadrado se encontró en la relación entre estas variables y la redacción de una cédula para la notificación de pensiones alimenticias, indicando una asociación más débil en este contexto. Estos hallazgos proporcionan una base empírica para realizar un análisis más profundo sobre las interacciones entre las variables estudiadas y sus implicaciones en el proceso judicial.

Los resultados obtenidos indican que la celeridad adjetiva depende en un 72.0% de la capacidad de las medidas preventivas para lograr resultados. de manera similar, se encontró que la calificación de la demanda depende en un 72.5% de estas mismas variables. en cuanto a la elaboración de cédula de notificación de alimentos, se determinó que esta depende en un 52.2% de la medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva. además, el proceso de coordinación de alimentos muestra una dependencia del 62.2% respecto a estas variables, mientras que el impulso del proceso de alimentos depende en un 50.9%. Definitivamente, se observó que la celebración de una audiencia especial relacionada con la manutención alimentaria depende en un 56.5% de la medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva. estos hallazgos subrayan la importancia de las medidas cautelares y la tutela jurisdiccional efectiva en el funcionamiento del sistema judicial, evidenciando su impacto significativo en diversas etapas del proceso judicial relacionado con alimentos.

 

 

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CONCLUSIONES

El estudio concluye que la celeridad adjetiva en los procesos judiciales relacionados con obligaciones alimentarias en Lima Norte, 2023, está significativamente influenciada por la medida cautelar y la tutela jurisdiccional efectiva, con un impacto del 72.0% (Pvalor < 0.05). Además, se determina que el 72.5% de la calificación de las demandas y el 52.2% de la elaboración de cédulas de notificación dependen de estas medidas, lo que resalta su importancia en la calidad y rapidez del tratamiento judicial. Asimismo, el proceso de coordinación de alimentos se ve afectado en un 62.2%, mientras que el impulso del proceso alimentario depende en un 50.9% de estas herramientas jurídicas. Por último, el 56.5% de la celebración de audiencias únicas también está ligado a la medida cautelar y tutela jurisdiccional efectiva, evidenciando su papel crucial en la agilidad y eficiencia del sistema judicial en estos casos.

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