El requerimiento de acusación fiscal sin convicción: disfunciones y credibilidad de la justicia peruana
The request for prosecution without conviction: dysfunctions and credibility of the Peruvian justice systemContenido principal del artículo
La responsabilidad del Ministerio Público en garantizar acusaciones sólidas y respetuosas de los derechos fundamentales constituye un pilar esencial del sistema procesal penal acusatorio. Este estudio analiza críticamente la disfunción sistémica del proceso penal peruano en la formulación de acusaciones fiscales sin convicción probatoria suficiente. Se empleó un enfoque cualitativo con diseño documental analítico, utilizando la hermenéutica jurídica como método principal y apoyándose en fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales. Los hallazgos muestran que, tras la implementación del Código Procesal Penal de 2004, el Ministerio Público asumió la obligación de acusar con “plena certeza” sobre la comisión de un delito. No obstante, se evidencia la práctica del “forzamiento de la acusación”, mediante la cual fiscales superiores revierten decisiones de sobreseimiento y obligan a otros fiscales -a menudo sin conocimiento previo del caso- a sostener imputaciones débiles. La conclusión central es que, dado que el juicio oral exige el estándar más alto de prueba (“más allá de toda duda razonable”), una acusación sin convicción conduce casi inevitablemente a la absolución por insuficiencia probatoria.
The Public Prosecutor's responsibility to guarantee sound accusations that respect fundamental rights is an essential pillar of the accusatory criminal procedure system. This study critically analyzes the systemic dysfunction of the Peruvian criminal process in the formulation of prosecutorial accusations lacking sufficient evidentiary conviction. A qualitative approach with an analytical documentary design was employed, using legal hermeneutics as the primary method and drawing on normative, jurisprudential, and doctrinal sources. The findings show that, following the implementation of the 2004 Criminal Procedure Code, the Public Prosecutor's Office assumed the obligation to accuse with "full certainty" regarding the commission of a crime. However, the practice of "coercion of prosecution" is evident, whereby senior prosecutors overturn dismissal decisions and compel other prosecutors—often without prior knowledge of the case—to maintain weak accusations. The central conclusion is that, since the oral trial demands the highest standard of proof (“beyond a reasonable doubt”), an accusation without conviction almost inevitably leads to acquittal for lack of evidence.
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